A lesa humanidad se elevó el homicidio de Carlos Pizarro

Candidato del M-19A sólo cinco días de cumplirse 20 años del homicidio de Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial de la Alianza Democrática M – 19, un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario elevó este asesinato a crimen de lesa humanidad.

La finalidad de esta medida, además de evitar la prescripción de la investigación, es evitar la impunidad del hecho y continuar con la práctica de pruebas hasta agotarlas, ahora la fiscalía tendrá 10 años más de vigencia para buscar justicia.Candidato del M-19

La Fiscalía tomó la decisión al establecer el homicidio, ocurrido el 26 de abril de 1990 en un vuelo comercial hacia Barranquilla, hizo parte de un plan ejecutado con conocimiento y de forma sistemática en contra de dirigentes de izquierda por grupos de autodefensas.

La petición para que el crimen adquiriera esta categoría fue hecha por el Procurador Delegado para Asuntos Penales, Gabriel Jaimes, quien manifestó que “en estos casos debe existir voluntad política para que las grandes investigaciones se mantengan activas con fiscales que tengan continuidad y que conozcan el tema”.

En el escritorio de Jaimes se cocinan expedientes por las muertes de Bernardo Jaramillo (asesinado hace 20 años, en marzo), José Antequera, Jaime Pardo Leal, y el atentado terrorista contra un avión de Avianca, todos pisando la línea de la prescripción.

El corto tiempo que queda hace pensar que este crimen, tal como sucedió con la muerte de Luis Carlos Galán Sarmientoda ser calificado como de lesa humanidad y así pueda tener 10 años más de vigencia para buscar justicia.

Haciendo un recuento, el pasado mes de marzo el procurador Jaimes dijo que le iba a solicitar al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y a la Fiscalía, que se creara un grupo especial para avanzar en la investigación del homicidio de Pizarro antes de que se cumplieran los 20 años. En entrevista con Colprensa dijo que desde la procuraduría se creó el programa ‘Justicia Eficaz’ para lograr obtener resultados lo más pronto posible.

“Para nosotros es claro que la justicia debe producir resultados y hay muchos casos en los que no se ha logrado el fin de la justicia”, agregó Jaimes.

El pasado cuatro de febrero la Fiscalía reabrió el caso del dirigente político del M – 19 y con el fin de encontrar nuevas pruebas. El ente acusador escuchó al ex jefe de seguridad del candidato mayor ( r) Henry Galindo Lugo, quien para esa época era miembro del Departamento de Seguridad DAS.

Ese día el mayor Galindo Lugo señaló que él estaba en Barranquilla el 26 de abril de 1990, día en que murió Pizarro, coordinando el esquema de seguridad para cuando el candidato se trasladara a esa ciudad.

La diligencia del oficial en retiro hizo parte de una serie de declaraciones que solicitó la Fiscalía para evitar que se cierre, antes de que se cumplan los 20 años de la muerte del candidato presidencial de la época.

El único condenado hasta el momento por el homicidio de Pizarro Leongómez es el ex jefe paramilitar Carlos Castaño.

El 6 de enero pasado, en horas de la noche, el Procurador Delegado Gabriel Jaimes se comunicó con el fiscal encargado del caso y le informó que había un nutrido número de pruebas que demostrarían la participación de ex funcionarios del DAS en este crimen.

Documentos y testimonios, en poder de la Procuraduría, han permitido considerar que en este hecho habrían estado vinculados el ex jefe de Inteligencia del DAS Alberto Romero y el detective Jaime Ernesto Gómez Muñoz.

Las nuevas pruebas apuntan a que Romero y Gómez Muñoz habrían tenido alguna vinculación con los paramilitares al servicio de Castaño.

“En esta etapa de la investigación y una vez afirmada la responsabilidad en contra de Carlos Castaño, se ha abierto un nuevo horizonte y hemos escudriñado pruebas que podrían comprometer a estos agentes estatales como autores de Carlos Pizarro”, dijo Gabriel James.

Romero se defendió el siete de enero pasado, aseguró que la seguridad de Pizarro no estaba relacionada con su dependencia y que la seguridad del Aeropuerto Eldorado, donde despegó el avión en el cual fue asesinado, fue responsabilidad de las empresas de vigilancia privada y de las autoridades aeroportuarias.

En cuanto al presunto cambio de escoltas que se realizó a última hora, Romero manifestó que no era competencia de la dirección de inteligencia, pero aclaró que dentro de lo pactado con el gobierno de Virgilio Barco, se autorizó que los dirigentes del M-19 seleccionaran a sus hombres de mayor confianza para cumplir una labor de supervisión sobre cada uno de los escoltas.

En efecto, según Romero, desde la desmovilización del M-19 Pizarro siempre contó con un esquema de seguridad conformado con dos anillos: el primero integrado por personal desmovilizado de su misma organización y el segundo por unidades de la División de Protección del DAS.

Con respecto a la relación que se presume tenía Romero con el jefe de las autodefensas Carlos Castaño, a quien se le adjudica la muerte del candidato presidencial, el ex director afirmó que no lo conoció personalmente y que los únicos contactos que sostuvo con él fueron telefónicos por iniciativa del paramilitar.

Vanguardia.com

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